El 11 de noviembre del 2016, cuando tenía 21 años, el ex diputado José Orellana la arrinconó en su despacho y la besó de prepo, entre otras agresiones. Ella perdió su trabajo. Tuvo que esperar seis años para llegar a juicio. Pero, el 7 de diciembre, la justicia lo condenó a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, el condenado dijo que no va a renunciar y que se va a volver a presentar a elecciones en el 2023
Apenas había cumplido la mayoría de edad. Pero le hicieron la mayor bajeza. Tenía 21 años. Trabajaba desde fines del 2013, con la (ex) diputada (socialista) Gabriela Troiano. El 11 de noviembre del 2016 le cambió la vida y ella, también, cambió la vida política argentina. “No es no” y el “no” a un diputado también. En Argentina, el poder era un sinónimo de tener banca sobre el cuerpo de las mujeres, sin límites, sin reparos, sin ética, sin consensos, sin consentimiento, era un poder ilimitado, abusivo y depredador.
Ella, que no tenía ni la edad para ser diputada, cambió la historia, de los pasos perdidos en donde nadie veía nada, hacía nada, ni reclamaba nada. El fallo paso inadvertido en una sociedad anestesiada, sobre informada o en la que solo es noticia lo que se viraliza. Pero la sentencia tiene un efecto contundente. Los diputados ya no son intocables. Y a las mujeres no se las puede tocar sin su permiso y sus ganas.
El 7 de diciembre, por primera vez, un político fue condenado por violencia político/sexual durante sus funciones legislativas. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28, integrado por los jueces Carlos Chediek, Carlos Rengel Mirat y Federico Salvá generó una condena basado en la acción de la fiscalía, testimonios y la palabra de la víctima. El Tribunal Oral condenó el 7 de diciembre del 2022 a José Orellana por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual el11 de noviembre de 2016.
Además se estipula que Orellana no se puede acercar a la víctima y que, cuando quede firme la sentencia, se debe obtener el perfil genético de Orellana para remitirlo al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la integridad Sexual. A pesar de eso, Orellana hizo un comunicado en donde se reafirmó como intendente (peronista) de Famaillá, en Tucumán, aparece con el pulgar levantado, agradece el “afecto” y “respeto” y señala “Esto nos fortalecerá”. El sentenciado subió la apuesta: “Ganaremos el municipio y seremos el legislador más votado de la sección oeste”.
Orellana anunció la apelación de la causa y opinó que “el tiempo nos dará la razón”. Es cierto que hasta que la sentencia no quede firme no produce efecto (no tiene que renunciar por orden judicial, aunque debería haber renunciado por ética y por voluntad política). Pero también que el efecto político es innegable. Y que más allá de su voluntad el Poder Ejecutivo (provincial y nacional) no puede mirar para otro lados como si la Ley Micaela, Ni Una Menos, Me Too y Mirá Como Nos Ponemos fueran solo frases vacías que no implican responsabilidad a la hora de designar o avalar funcionarios y candidaturas.
“Esta sentencia viene a reafirmar mi convicción desde hace seis años cuando decidí no callarme y denunciar lo que me había pasado. Todos estos años fueron muy difíciles, pero ahora tienen este resultado que celebro”, destacó AgustinaPoch ante Infobae, con firmeza, claridad, sensibilidad y la sensación que su proyecto de vida vuelve a estar en sus manos y no en la de quién la agredió.
“Es inexplicable la sensación que me invade de alegría frente a este pedido de justicia que fue escuchado y la sentencia que hemos logrado”, reafirma en un plural que incluye a su familia, la ex diputada Troiano y su equipo de abogados (que trabajaron pro-bono o ad honorem frente a un abuso sexual con banca en el Poder Legislativo): Carlos Cruz, Sofía Morandeira, Fernanda González Allega y la diputada (mandato cumplido) María Elena Barbagelata.
En el 2019 Orellana había sido sobreseído por “falta de pruebas” ya que los abusos sexuales ocurren en la intimidad y sin testigos. La Unidad Fiscal Especializada contra la Violencia hacía las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozetta, apeló la medida. Ahora quedó claro que él la abordó y que le dijo que “necesitaba alguien que la quiera”. En el alegato del juicio, que comenzó el14 octubre del 2022, el fiscal Sandro Abraldes resaltó: “Orellana se valió de la posición de superioridad jerárquica, de la investidura de Diputado Nacional para intimidar a la víctima y concretar el acto sexual”.
Ante la respuesta del Intendente peronista, en donde buscó victimizarse y continuar con su carrera política, la abogada Sofía Morandeira respondió “Hay fiscales y jueces, además de la querella, que entendieron que Orellana es responsable de un delito grave como el abuso sexual que fue cometido contra una joven de 21 años y que, además, fue realizado en su despacho privado en el Congreso de la Nación y que eso constituye una grave afectación institucional”.
Además, la abogada, aclaró: “Se usa el término “voy a apelar”, pero en esta sentencia se puede recurrir a Casación y no apelar. El podría interponer una queja si no se lo admiten o, si le mantienen la condena, puede interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero esa posibilidad tiene muchas condiciones y no todas las sentencias son factibles de llegar a la Corte”.
Pero Morandeira destacó la importancia del fallo: “Es la primera vez que un diputado es llevado a un juicio oral y que es condenado por delitos contra la integridad sexual y la mayor particularidad y gravedad institucional es que fueron acciones realizadas dentro del Congreso de la Nación cuando era el lugar de trabajo de Agustina Poch. Por eso, es histórico que sea condenado”.
El fiscal también criticó la respuesta de la Cámara de Diputados (durante la presidencia de Emilio Monzó ) a la que descalificó como “paupérrima” ya que solo se trasladó el despacho de Orellana lejos del que trabajaba Agustina (y muchos meses después). “No hubo un tratamiento serio por parte de la Cámara, la víctima no recibió contención institucional, nadie se hizo cargo, se escondió debajo de la alfombra”, fustigó.
Orellana no solamente fue diputado sino que es Intendente de la localidad tucumana de Famaillá, una provincia regada de un jardín de denuncias de abuso sexual. La corrupción sexual de la política argentina tiene algunos lugares donde parece que hay vía libre para pasar por encima del cuerpo, el placer, la salud y la voluntad de las mujeres. La condena es un antecedente, que debe ser reafirmado, pero que implica un límite para que los políticos con antecedentes de abusos puedan seguir trabajando en cargos públicos, cobrando dinero del Estado y ejerciendo o encubriendo otros delitos sexuales.
Seguir leyendo en Fuente : https://www.infobae.com/sociedad/20...enen-a-un-ex-diputado-no-se-puede-estar-sola/
Apenas había cumplido la mayoría de edad. Pero le hicieron la mayor bajeza. Tenía 21 años. Trabajaba desde fines del 2013, con la (ex) diputada (socialista) Gabriela Troiano. El 11 de noviembre del 2016 le cambió la vida y ella, también, cambió la vida política argentina. “No es no” y el “no” a un diputado también. En Argentina, el poder era un sinónimo de tener banca sobre el cuerpo de las mujeres, sin límites, sin reparos, sin ética, sin consensos, sin consentimiento, era un poder ilimitado, abusivo y depredador.
Ella, que no tenía ni la edad para ser diputada, cambió la historia, de los pasos perdidos en donde nadie veía nada, hacía nada, ni reclamaba nada. El fallo paso inadvertido en una sociedad anestesiada, sobre informada o en la que solo es noticia lo que se viraliza. Pero la sentencia tiene un efecto contundente. Los diputados ya no son intocables. Y a las mujeres no se las puede tocar sin su permiso y sus ganas.
El 7 de diciembre, por primera vez, un político fue condenado por violencia político/sexual durante sus funciones legislativas. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28, integrado por los jueces Carlos Chediek, Carlos Rengel Mirat y Federico Salvá generó una condena basado en la acción de la fiscalía, testimonios y la palabra de la víctima. El Tribunal Oral condenó el 7 de diciembre del 2022 a José Orellana por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual el11 de noviembre de 2016.
Además se estipula que Orellana no se puede acercar a la víctima y que, cuando quede firme la sentencia, se debe obtener el perfil genético de Orellana para remitirlo al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la integridad Sexual. A pesar de eso, Orellana hizo un comunicado en donde se reafirmó como intendente (peronista) de Famaillá, en Tucumán, aparece con el pulgar levantado, agradece el “afecto” y “respeto” y señala “Esto nos fortalecerá”. El sentenciado subió la apuesta: “Ganaremos el municipio y seremos el legislador más votado de la sección oeste”.
Orellana anunció la apelación de la causa y opinó que “el tiempo nos dará la razón”. Es cierto que hasta que la sentencia no quede firme no produce efecto (no tiene que renunciar por orden judicial, aunque debería haber renunciado por ética y por voluntad política). Pero también que el efecto político es innegable. Y que más allá de su voluntad el Poder Ejecutivo (provincial y nacional) no puede mirar para otro lados como si la Ley Micaela, Ni Una Menos, Me Too y Mirá Como Nos Ponemos fueran solo frases vacías que no implican responsabilidad a la hora de designar o avalar funcionarios y candidaturas.
“Esta sentencia viene a reafirmar mi convicción desde hace seis años cuando decidí no callarme y denunciar lo que me había pasado. Todos estos años fueron muy difíciles, pero ahora tienen este resultado que celebro”, destacó AgustinaPoch ante Infobae, con firmeza, claridad, sensibilidad y la sensación que su proyecto de vida vuelve a estar en sus manos y no en la de quién la agredió.
“Es inexplicable la sensación que me invade de alegría frente a este pedido de justicia que fue escuchado y la sentencia que hemos logrado”, reafirma en un plural que incluye a su familia, la ex diputada Troiano y su equipo de abogados (que trabajaron pro-bono o ad honorem frente a un abuso sexual con banca en el Poder Legislativo): Carlos Cruz, Sofía Morandeira, Fernanda González Allega y la diputada (mandato cumplido) María Elena Barbagelata.
En el 2019 Orellana había sido sobreseído por “falta de pruebas” ya que los abusos sexuales ocurren en la intimidad y sin testigos. La Unidad Fiscal Especializada contra la Violencia hacía las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozetta, apeló la medida. Ahora quedó claro que él la abordó y que le dijo que “necesitaba alguien que la quiera”. En el alegato del juicio, que comenzó el14 octubre del 2022, el fiscal Sandro Abraldes resaltó: “Orellana se valió de la posición de superioridad jerárquica, de la investidura de Diputado Nacional para intimidar a la víctima y concretar el acto sexual”.
Ante la respuesta del Intendente peronista, en donde buscó victimizarse y continuar con su carrera política, la abogada Sofía Morandeira respondió “Hay fiscales y jueces, además de la querella, que entendieron que Orellana es responsable de un delito grave como el abuso sexual que fue cometido contra una joven de 21 años y que, además, fue realizado en su despacho privado en el Congreso de la Nación y que eso constituye una grave afectación institucional”.
Además, la abogada, aclaró: “Se usa el término “voy a apelar”, pero en esta sentencia se puede recurrir a Casación y no apelar. El podría interponer una queja si no se lo admiten o, si le mantienen la condena, puede interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero esa posibilidad tiene muchas condiciones y no todas las sentencias son factibles de llegar a la Corte”.
Pero Morandeira destacó la importancia del fallo: “Es la primera vez que un diputado es llevado a un juicio oral y que es condenado por delitos contra la integridad sexual y la mayor particularidad y gravedad institucional es que fueron acciones realizadas dentro del Congreso de la Nación cuando era el lugar de trabajo de Agustina Poch. Por eso, es histórico que sea condenado”.
El fiscal también criticó la respuesta de la Cámara de Diputados (durante la presidencia de Emilio Monzó ) a la que descalificó como “paupérrima” ya que solo se trasladó el despacho de Orellana lejos del que trabajaba Agustina (y muchos meses después). “No hubo un tratamiento serio por parte de la Cámara, la víctima no recibió contención institucional, nadie se hizo cargo, se escondió debajo de la alfombra”, fustigó.
Orellana no solamente fue diputado sino que es Intendente de la localidad tucumana de Famaillá, una provincia regada de un jardín de denuncias de abuso sexual. La corrupción sexual de la política argentina tiene algunos lugares donde parece que hay vía libre para pasar por encima del cuerpo, el placer, la salud y la voluntad de las mujeres. La condena es un antecedente, que debe ser reafirmado, pero que implica un límite para que los políticos con antecedentes de abusos puedan seguir trabajando en cargos públicos, cobrando dinero del Estado y ejerciendo o encubriendo otros delitos sexuales.
Seguir leyendo en Fuente : https://www.infobae.com/sociedad/20...enen-a-un-ex-diputado-no-se-puede-estar-sola/
